En estos días tuvimos una reunión en una entidad que tiene a cargo un proyecto de inversión. El inconveniente que se presentó en la ejecución del contrato es que el agente cooperante cierra actividades en octubre de este año (2024), pero según las condiciones contractuales la empresa tiene que prestar todavía un segundo mantenimiento en abril del 2025, cuando ya no se cuente con el financiamiento para afrontar esta prestación accesoria.
Estimamos que existió un error en cuanto a la vigencia
y plazo de ejecución de todas las prestaciones involucradas, sobre todo las
accesorias, no obstante, no escribimos estas líneas para mostrar el fallo
señalado, sino para comentar la buena disposición de los funcionarios en esta
reunión, que básicamente tenía por objetivo un control de daños en beneficio de
ambas partes.
Los funcionarios iniciaron explicando los hechos (que
ya habían sido adelantados telefónicamente); esto es, que el proyecto cerraría
en octubre del 2024 y por ello el segundo mantenimiento programado para abril
del 2025 tendría un problema de financiamiento. Explicaron también que su
intención no era la de perjudicar a la empresa, sino ver alguna fórmula para
compensar este impase. En ese momento, los propios funcionarios comenzaron a
soltar una lluvia de ideas que pudiera solucionar el problema, cambiar el
servicio por otro, adelantar los mantenimientos, entre otros, todas éstas para
no perjudicar a los proveedores. En este punto, es importante mencionar que en
la reunión se informó que no éramos los únicos con este problema de
desfinanciamiento, sino que existían al menos otras seis empresas.
Personalmente, antes de la reunión, y habiendo
analizado los hechos y las disposiciones del contrato, que no estaba sujeto a
la normativa general, sino a las reglas del cooperante, la sensación fue que la
entidad sería tajante en el hecho de no contar con presupuesto y que dicha
razón derivaría en la resolución parcial del contrato. Por el monto involucrado
una controversia en arbitraje no sería eficiente, por los costos. Es por ello
que nos sorprendió que fueran los propios funcionarios quienes trataran de
buscar una solución para no perjudicar al proveedor, brindando alternativas,
algunas aceptables otras inviables. Lo cierto y gratificante fue que en todos
los años que tenemos en el ámbito de la contratación pública, se desarrolló una
conversación entre dos partes que buscaban ayudarse y no imponer posiciones.
Como es predecible, una alternativa de solución viable
planteada por la entidad se encontró con el inevitable temor al control,
indicando, que esa solución, si bien era técnicamente viable, sería cuestionada
por el auditor quien no entendería las razones y, muy posiblemente,
argumentaría que la entidad quiso favorecer al proveedor para ejecutar una
prestación antes para evitar el desfinanciamiento. Ahora bien, incluso en este
punto de la reunión los funcionarios fueron cordiales y trataron de encontrarle
algún fundamento técnico a la solución viable planteada, es decir, aun cuando
encontraron el muro no se desanimaron y no perdieron la empatía con el
proveedor, quien finalmente no tiene la culpa de que el proyecto cierre y la
entidad se quede desfinanciada.
La reunión terminó con una fórmula de solución que no
sabemos si será aceptada, pero lo rescatable de esto es que los funcionarios
comprendieron que no es culpa del proveedor esta situación y que representar el
interés público no impide que se busquen soluciones en beneficio de la entidad
y del proveedor. Lo perjudicial es confirmar, una vez más, que las soluciones
de gestión que puedan brindarse son en muchos casos bloqueada s por el temor al
control.
No estamos seguros si el inconveniente comentado tendrá un final feliz o no, pero de lo que sí estamos seguros es que, al parecer, las cosas sí pueden cambiar cuando se tiene la voluntad de cooperar y ser empático; sin imposiciones bajo el fundamento del interés público.
CIM
