EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Mediante Decreto Supremo 189-2011-EF, publicado en el diario oficial "El Peruano", el día 21 de octubre de 2011, se aprobó el procedimiento para el concurso público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado.

La evaluación y selección será desarrollada por una Comisión Multisectorial que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas; y estará integrado por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante del Ministerio de Justicia. El OSCE funcionará como secretaría técnica de la comisión y brindará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario.

Hay cinco etapas en el proceso de evaluación: (i) Convocatoria; (ii) Evaluación Curricular; (iii) Evaluación de Conocimientos; (iv) Evaluación Psicológica, psicométrica y de competencias; (v) Entrevista personal. Se precisa que las etapas son eliminatorias y los puntaje obtenidos no son acumulativos. Los resultados de cada etapa serán publicados en los portales institucionales de los Ministerio antes indicados y del OSCE.

La convocatoria será mediante publicación en el diario oficial El Peruano y cualquier otro diario de circulación nacional, así como en los portales institucionales de las indicadas entidades. Los postulantes deberán remitir los documentos que se exijan dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación.

Los postulantes deberán presentar un formulario de postulación, según un formato y su currículum vitae documentado, el mismo que acreditará experiencia no menor a 5 años en las materias relacionadas con la contratación pública (contratos, constancias o certificados), asimismo, deberá acreditarse estudios de maestrías (culminadas) en materias afines a la contratación pública (gestión pública, economía, derecho económico, entre otros). También debe adjuntarse una declaración jurada que indique contar con reconocida solvencia moral, y otra que indique no encontrarse impedido para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución del congreso; no haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año, previo a la declaración; no haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; no tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; no estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. Cabe señalar que los documentos que sustenten la experiencia y especialización deberán estar notarialmente legalizado o autenticado por fedatario.

La evaluación curricular durará 5 días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para la presentación. Al sexto día hábil se publicará la relación de postulantes aptos y esta decisión no podrá ser cuestionada.

La evaluación de conocimientos se desarrollará durante 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la relación. Esta evaluación incluirá temas de derecho administrativo general, gestión pública y contratación pública. El puntaje máximo será de cien y el mínimo para aprobar de setenta. Los resultados serán publicados dentro de los 2 días hábiles siguientes de realizada la evaluación. La comisión podrá contar con los servicios de un tercero especializado en estas materias Contra estos resultados no cabe interposición de recurso impugnativo alguno.

Al cuarto día hábil de publicada la relación de postulantes aptos se iniciará la evaluación psicológica, psicométrica y de competencias, la que será desarrollada en un tiempo máximo de seis días hábiles. El puntaje máximo será de cien y el mínimo para aprobar setenta. La comisión podrá contar con los servicios de un tercero especializado en estas materias. Los resultados serán publicados al día siguiente hábil de culminada esta evaluación. Contra los resultados no cabe recurso alguno.

Finalmente la comisión realizará una "entrevista personal". Aquí se evaluará, según el propio procedimiento, aspectos como visión estratégica, con un máximo de 35 puntos; capacidad de gestión, con un máximo de 35 puntos y personalidad, con un máximo de 30 puntos. El puntaje mínimo de aprobación es setenta. Los postulantes que obtengan el mayor puntaje en la presente evaluación serán seleccionados para la designación.

Lo primero que debo comentar es que si esto fuera un proceso de selección regulado por el Decreto Legislativo 1017, sería observado, elevado y finalmente apelado, pues contiene aspectos que no está claros, sobre todo en el tema de la entrevista personal, la que resulta trascendente y definitoria. Cuando se habla de pruebas psicológicas, psicométricas y competencias, la verdad no se de lo que estamos hablando, y no se qué criterios van a establecerse para dichas evaluaciones. Yo lo consultaría, lo observaría y lo elevaría a la autoridad competente (porque se evadiría la respuesta y se argumentaría que para ello hay especialistas), y de seguro después de la buena pro apelaría la decisión por ser la evaluación demasiado subjetivas; y ello porque no conozco el criterio utilizado lo que perjudica la transparencia. El OSCE ha dado buenos ejemplos de que este tipo de criterios debería ser desterrado de las evaluaciones.

En el caso de las entrevistas personales, pues me quedo más sorprendido porque no se qué significa "visión estratégica"; es decir, qué podrían preguntar sobre eso, además desde qué punto de vista se debe entender la visión; si fuera hubiese una observación creo que se acogería, y si fuera apelado se declararía nulo el proceso por que los criterios no están precisos. Si no hay parámetros, cómo se cuál es bueno y cual es malo. Otro punto es la "capacidad de gestión" ¿de qué gestión hablamos? ¿Qué debo entender por "capacidad de gestión"? Acaso sería la capacidad de analizar los temas aún cuando la literalidad de la norma me dice lo contrario, si es así, pues creo que no debería ser así porque el control posterior privilegia el cumplimiento de la ley antes que los resultados eficientes. Y el último criterio: "personalidad", con este cerramos la evaluación y nos vamos porque aquí sí que es criticable. ¿Cuál es el perfil profesional que necesito? ¿Debe ser hablador, debe ser recatado, debe vestirse formalmente, qué es lo que evaluamos cuando hablamos de "personalidad"; reitero, si fuera un proceso, éste sería declarado nulo.

Estoy de acuerdo con las evaluaciones, pero también creo que éstas deben ser un poco más objetivas o al menos acercarse a lo objetivo. No basta que se genere una regulación para que todos digan que me estoy tomando en serio la reestructuración, es evidente que se debe acreditar con hechos pues la que se pretende es que los más calificados sean quienes decidan las controversias en el tribunal. No creo que este tipo de evaluaciones se les haga a los ministros, parlamentarios o jefes de OPD, y menos al presidente; no obstante, creo que si fuera así no pasarían la evaluación.

Espero que los resultados finales reflejen una adecuada evaluación caso contrario estaremos en las mismas situaciones solo que ahora sí podríamos argumentar (para defenderse) que la designación se hizo con una verdadera evaluación; claro que todo depende del punto de vista de la evaluación. Es como aquella frase de la congresista Anicama: Yo fui elegida por el pueblo, no por Abugattas, haciendo referencia a los comentarios de éste último en el caso del robo de señal de cable.

Saludos CIM

EL 73% DE PROVEEDORES DEL ESTADO PIDEN FACILITAR CONCURSOS

ARTÍCULO DIARIO GESTIÓN:

19 DE OCTUBRE DE 2011

El 19 de octubre se publicó en el diario Gestión un artículo referido a la percepción de los proveedores del Estado respecto de los procesos de selección y concluye que el 73% solicita facilitar los procedimientos. El 28% consideró que debe solicitarse menos requisitos para participar. Por otro lado, el 59% consideró que “deben efectuarse mejoras en cuanto a la agilización del pago”. El 49% considera que debe disminuirse el tiempo (de los procesos, asumimos). El 47% espera que las entidades del Estado difundan información clara y sencilla sobre cada proceso; y el 45% solicita más cursos de capacitaci9ón sobre el proceso de licitación.

El artículo indica que en los últimos años se han realizado perforaciones a la Ley de Contrataciones y hoy existen 13 normas que regulan esos proceso, lo cual desincentiva la competencia en las compras públicas. Continúa el artículo señalando que uno de los factores que desmotiva a participar es que se exige, por ejemplo, garantías o cartas fianza sólo para presentar una propuesta, lo que reduce la participación de las medianas y pequeñas empresas.

Finalmente, asegura que a consecuencia de lo mencionado, “hoy se presenta en promedio un postor por cada proceso de adquisición, lo que perjudica al Estado porque debe pagar más ante la falta de competencia”.

LA SBS Y LAS FIANZAS EMITIDAS POR COOPEX

El 03 de Octubre, salió publicado un Comunicado de la SBS mediante el cual se informó que la Cooperativa Coopex no está autorizada para emitir Cartas Fianzas en procesos de contrataciones con el Estado, regulados por el Decreto Legislativo 1017, debido a que, refiere la SBS, esta cooperativa no está sujeta a su supervisión, requisito indispensable consignado en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado para que las garantías resulten válidas.

El 01 de octubre estaba leyendo el diario El Comercio, sección “Economía” y me encontré la noticia que el MEF convocará un Concurso Público para buscar nuevos vocales del Tribunal de Contrataciones. La nota indica que en noviembre tendremos a los nuevos funcionarios, que el proceso será público y que podrán presentarse los actuales vocales. Asimismo, refiere que luego de las designaciones se emitirá un paquete de medidas para dinamizar el sistema de compras estatales”. Finalmente, hacen referencia a que la evaluación de los actuales vocales fue transparente y se consultaron temas de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es lo mínimo que un miembro de un tribunal procesal debe conocer”, pese a que los evaluados afirmaron que la evaluación consideró aspectos no relacionados con su actividad.

Lo primero que debo señalar es la evidente situación de inseguridad – y por qué no legitimidad – que la desaprobación de la totalidad de los actuales vocales (sea porque no se presentaron a la evaluación, sea porque no aprobaron la evaluación) está generando.

En un extremo, la perspectiva del Gobierno por realizar una evaluación que no queda claro si fue para “examinar” a los vocales o para “limpiar” legalmente el camino a nuevas designaciones. Es un tema complicado porque es increíble pensar que ninguno de los vocales (al menos los que aceptaron la evaluación) hayan podido siquiera acercarse a un puntaje que les permitiera seguir en el proceso.

En el medio los operarios del derecho (funcionarios públicos y administrados en general), quienes no saben qué hacer pues los resultados revelarían (y lo pongo en condicional) de que las designaciones fueron manipuladas y que las antiguas resoluciones – y las nuevas, por cierto – serán emitidas por gente que, según los resultados, no serían capaces. La pregunta que seguro se están haciendo es: ¿Cómo es posible que se acepte una incapacidad (no en el sentido peyorativo) y se mantenga esa situación, señalando que en un mes tendremos nuevos vocales?; peor aún que los actuales podrán participar, y por qué no ganar un puesto.

En el otro extremo tenemos a los actuales vocales que reclaman, con justicia, si es correcto lo que se informa; es decir, que se preguntaron aspectos que no tenían relación con su trabajo, lo que alimentaría la teoría de una limpieza en lugar de una reestructuración.

No estoy seguro de lo que pueda pasar, ni de la calidad o transparencia del nuevo concurso, total, antes también se dijo que estos procesos eran transparentes y públicos, pero nadie ha conocido, salvo quienes ¿evaluaban?, quienes ¿postulaban?, quienes ¿decidían? y quienes decían, antes de las evaluaciones, quienes serían, los ¿criterios? de la calificación y las razones para las designaciones, las cuales, tengo la ligera impresión (con las disculpas del caso) eran, seguramente, de índole político o amical.

Es complicado pensar en el desarrollo de un país, a través del dinamismo que imprime la contratación estatal, cuando los propios cimientos que deben sostener este sistema se encuentran tan cuestionados, y las medidas, parecerían más soluciones coyunturales que una verdadera reestructuración.

Finalmente, sobre el “paquete” de medidas para “dinamizar el sistema” habría que preguntarse qué es lo que se emitirá; ¿por qué pensar que este Gobierno sí encontrará la solución al problema? ¿Qué componentes estaría evaluando para que la medida no sea más complicada que la otra y que el remedio resulte peor que la enfermedad? ¿Estamos planificando correctamente las contrataciones, estamos priorizando el estudio del sistema antes de publicar leyes de escritorio que corrigen todo a nivel documentario o se está ubicando el verdadero problema para adoptar una medida correctiva concreta? Ahora bien, hasta donde recuerdo se había planteado en 30 días una nueva normativa de contratación pública, la cual no se ha publicado, por lo que entiendo que la reforma de la legislación estaría incorporado en este ¿paquete?, si lo que sale sólo es maquillar algunas modificaciones, entonces, definitivamente, se estamos en un buen camino porque la revisión y análisis de una normativa no se da de gobierno a gobierno y a gusto del gobierno, sino que debe ser una política de Estado (no del gobierno, sino del propio estado, cualquiera sea el gobierno que nos esté dirigiendo) que certifique constante, permanente y objetivamente si verdaderamente está funcionando, y pueda corregir lo que ha dejado de ser importante, adecuarlo a los cambios que se suscitan y se generen nuevas instituciones para verdaderamente “dinamizar” nuestro sistema.