El otro día me invitaron a dictar un par de clases en una
Entidad Pública y me quedé sorprendido por la capacidad de los auditores de no
reconocer sus errores o responsabilidades. Me explico un poco. En el auditorio
estaban logísticos, usuarios, auditores y procuradores. Éstos últimos
mencionaron que los procesos judiciales iniciados a los funcionarios son declarados
infundados o improcedentes puesto que los informes de control, a entendimiento
del juez, no tenían sustento o estaban mal formulados; pero ellos
no podían hacer otra cosa más que demandar o formalizar las denuncias debido a
que según la normativa, este tipo de documentos se constituyen como prueba pre
constituida.
Los auditores se defendieron argumentando que ellos no
encuentran responsabilidades y tampoco sancionan, sólo dan indicios de irregularidades,
y que en todo caso, las demandas o denuncias que el procurador haga no
necesariamente deberían basarse en el contenido del informe sino que podían
encontrar otras conductas irregulares. Al momento de escuchar ese “argumento”
comprendí que no valía la pena discutir con esas personas porque más que un
fundamento de defensa a su trabajo me pareció una justificación de lo paupérrimo
de los resultados, tratando de responsabilizar al abogado del Estado por no
buscar cosas nuevas para alimentar la demanda.
Puede que yo esté equivocado pero la verdad no me pareció
correcto que argumenten que el resultado negativo no es culpa de quien inicia las acciones para recurrir al Poder Judicial (sea civil o penal), sino que es culpa de
otros que no buscaron más elementos para coadyuvar a la demanda. Si eso fuera así, la
pregunta se cae de madura: ¿Para qué hacen un informe? Más aún ¿por qué le
otorgan la calidad de prueba pre constituida? Con ese tipo de argumentaciones
podemos comprender porque los servidores y funcionarios son tan temerosos de
adoptar decisiones, sobre todo en temas de contratación pública.
Saludos
CIM.
