EVALUACIÓN Y SELECCIÓN DE VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Mediante Decreto Supremo 189-2011-EF, publicado en el diario oficial "El Peruano", el día 21 de octubre de 2011, se aprobó el procedimiento para el concurso público de evaluación y selección de los vocales del Tribunal de Contrataciones del Estado.

La evaluación y selección será desarrollada por una Comisión Multisectorial que dependerá del Ministerio de Economía y Finanzas; y estará integrado por un representante de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien la presidirá; un representante del Ministerio de Economía y Finanzas y un representante del Ministerio de Justicia. El OSCE funcionará como secretaría técnica de la comisión y brindará el apoyo técnico y administrativo que sea necesario.

Hay cinco etapas en el proceso de evaluación: (i) Convocatoria; (ii) Evaluación Curricular; (iii) Evaluación de Conocimientos; (iv) Evaluación Psicológica, psicométrica y de competencias; (v) Entrevista personal. Se precisa que las etapas son eliminatorias y los puntaje obtenidos no son acumulativos. Los resultados de cada etapa serán publicados en los portales institucionales de los Ministerio antes indicados y del OSCE.

La convocatoria será mediante publicación en el diario oficial El Peruano y cualquier otro diario de circulación nacional, así como en los portales institucionales de las indicadas entidades. Los postulantes deberán remitir los documentos que se exijan dentro de los 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de la publicación.

Los postulantes deberán presentar un formulario de postulación, según un formato y su currículum vitae documentado, el mismo que acreditará experiencia no menor a 5 años en las materias relacionadas con la contratación pública (contratos, constancias o certificados), asimismo, deberá acreditarse estudios de maestrías (culminadas) en materias afines a la contratación pública (gestión pública, economía, derecho económico, entre otros). También debe adjuntarse una declaración jurada que indique contar con reconocida solvencia moral, y otra que indique no encontrarse impedido para ejercer la función pública por sentencia judicial o resolución del congreso; no haber sido declarado insolvente o haber ejercido cargos directos en personas jurídicas declaradas en quiebra, durante por lo menos un año, previo a la declaración; no haber sido inhabilitado para contratar con el Estado; no tener participación en personas jurídicas que contraten con el Estado; no estar inmerso en causal de impedimento para el ejercicio de la función pública. Cabe señalar que los documentos que sustenten la experiencia y especialización deberán estar notarialmente legalizado o autenticado por fedatario.

La evaluación curricular durará 5 días hábiles contados desde el día siguiente de vencido el plazo para la presentación. Al sexto día hábil se publicará la relación de postulantes aptos y esta decisión no podrá ser cuestionada.

La evaluación de conocimientos se desarrollará durante 5 días hábiles contados a partir del día siguiente de publicada la relación. Esta evaluación incluirá temas de derecho administrativo general, gestión pública y contratación pública. El puntaje máximo será de cien y el mínimo para aprobar de setenta. Los resultados serán publicados dentro de los 2 días hábiles siguientes de realizada la evaluación. La comisión podrá contar con los servicios de un tercero especializado en estas materias Contra estos resultados no cabe interposición de recurso impugnativo alguno.

Al cuarto día hábil de publicada la relación de postulantes aptos se iniciará la evaluación psicológica, psicométrica y de competencias, la que será desarrollada en un tiempo máximo de seis días hábiles. El puntaje máximo será de cien y el mínimo para aprobar setenta. La comisión podrá contar con los servicios de un tercero especializado en estas materias. Los resultados serán publicados al día siguiente hábil de culminada esta evaluación. Contra los resultados no cabe recurso alguno.

Finalmente la comisión realizará una "entrevista personal". Aquí se evaluará, según el propio procedimiento, aspectos como visión estratégica, con un máximo de 35 puntos; capacidad de gestión, con un máximo de 35 puntos y personalidad, con un máximo de 30 puntos. El puntaje mínimo de aprobación es setenta. Los postulantes que obtengan el mayor puntaje en la presente evaluación serán seleccionados para la designación.

Lo primero que debo comentar es que si esto fuera un proceso de selección regulado por el Decreto Legislativo 1017, sería observado, elevado y finalmente apelado, pues contiene aspectos que no está claros, sobre todo en el tema de la entrevista personal, la que resulta trascendente y definitoria. Cuando se habla de pruebas psicológicas, psicométricas y competencias, la verdad no se de lo que estamos hablando, y no se qué criterios van a establecerse para dichas evaluaciones. Yo lo consultaría, lo observaría y lo elevaría a la autoridad competente (porque se evadiría la respuesta y se argumentaría que para ello hay especialistas), y de seguro después de la buena pro apelaría la decisión por ser la evaluación demasiado subjetivas; y ello porque no conozco el criterio utilizado lo que perjudica la transparencia. El OSCE ha dado buenos ejemplos de que este tipo de criterios debería ser desterrado de las evaluaciones.

En el caso de las entrevistas personales, pues me quedo más sorprendido porque no se qué significa "visión estratégica"; es decir, qué podrían preguntar sobre eso, además desde qué punto de vista se debe entender la visión; si fuera hubiese una observación creo que se acogería, y si fuera apelado se declararía nulo el proceso por que los criterios no están precisos. Si no hay parámetros, cómo se cuál es bueno y cual es malo. Otro punto es la "capacidad de gestión" ¿de qué gestión hablamos? ¿Qué debo entender por "capacidad de gestión"? Acaso sería la capacidad de analizar los temas aún cuando la literalidad de la norma me dice lo contrario, si es así, pues creo que no debería ser así porque el control posterior privilegia el cumplimiento de la ley antes que los resultados eficientes. Y el último criterio: "personalidad", con este cerramos la evaluación y nos vamos porque aquí sí que es criticable. ¿Cuál es el perfil profesional que necesito? ¿Debe ser hablador, debe ser recatado, debe vestirse formalmente, qué es lo que evaluamos cuando hablamos de "personalidad"; reitero, si fuera un proceso, éste sería declarado nulo.

Estoy de acuerdo con las evaluaciones, pero también creo que éstas deben ser un poco más objetivas o al menos acercarse a lo objetivo. No basta que se genere una regulación para que todos digan que me estoy tomando en serio la reestructuración, es evidente que se debe acreditar con hechos pues la que se pretende es que los más calificados sean quienes decidan las controversias en el tribunal. No creo que este tipo de evaluaciones se les haga a los ministros, parlamentarios o jefes de OPD, y menos al presidente; no obstante, creo que si fuera así no pasarían la evaluación.

Espero que los resultados finales reflejen una adecuada evaluación caso contrario estaremos en las mismas situaciones solo que ahora sí podríamos argumentar (para defenderse) que la designación se hizo con una verdadera evaluación; claro que todo depende del punto de vista de la evaluación. Es como aquella frase de la congresista Anicama: Yo fui elegida por el pueblo, no por Abugattas, haciendo referencia a los comentarios de éste último en el caso del robo de señal de cable.

Saludos CIM

EL 73% DE PROVEEDORES DEL ESTADO PIDEN FACILITAR CONCURSOS

ARTÍCULO DIARIO GESTIÓN:

19 DE OCTUBRE DE 2011

El 19 de octubre se publicó en el diario Gestión un artículo referido a la percepción de los proveedores del Estado respecto de los procesos de selección y concluye que el 73% solicita facilitar los procedimientos. El 28% consideró que debe solicitarse menos requisitos para participar. Por otro lado, el 59% consideró que “deben efectuarse mejoras en cuanto a la agilización del pago”. El 49% considera que debe disminuirse el tiempo (de los procesos, asumimos). El 47% espera que las entidades del Estado difundan información clara y sencilla sobre cada proceso; y el 45% solicita más cursos de capacitaci9ón sobre el proceso de licitación.

El artículo indica que en los últimos años se han realizado perforaciones a la Ley de Contrataciones y hoy existen 13 normas que regulan esos proceso, lo cual desincentiva la competencia en las compras públicas. Continúa el artículo señalando que uno de los factores que desmotiva a participar es que se exige, por ejemplo, garantías o cartas fianza sólo para presentar una propuesta, lo que reduce la participación de las medianas y pequeñas empresas.

Finalmente, asegura que a consecuencia de lo mencionado, “hoy se presenta en promedio un postor por cada proceso de adquisición, lo que perjudica al Estado porque debe pagar más ante la falta de competencia”.

LA SBS Y LAS FIANZAS EMITIDAS POR COOPEX

El 03 de Octubre, salió publicado un Comunicado de la SBS mediante el cual se informó que la Cooperativa Coopex no está autorizada para emitir Cartas Fianzas en procesos de contrataciones con el Estado, regulados por el Decreto Legislativo 1017, debido a que, refiere la SBS, esta cooperativa no está sujeta a su supervisión, requisito indispensable consignado en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado para que las garantías resulten válidas.

El 01 de octubre estaba leyendo el diario El Comercio, sección “Economía” y me encontré la noticia que el MEF convocará un Concurso Público para buscar nuevos vocales del Tribunal de Contrataciones. La nota indica que en noviembre tendremos a los nuevos funcionarios, que el proceso será público y que podrán presentarse los actuales vocales. Asimismo, refiere que luego de las designaciones se emitirá un paquete de medidas para dinamizar el sistema de compras estatales”. Finalmente, hacen referencia a que la evaluación de los actuales vocales fue transparente y se consultaron temas de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es lo mínimo que un miembro de un tribunal procesal debe conocer”, pese a que los evaluados afirmaron que la evaluación consideró aspectos no relacionados con su actividad.

Lo primero que debo señalar es la evidente situación de inseguridad – y por qué no legitimidad – que la desaprobación de la totalidad de los actuales vocales (sea porque no se presentaron a la evaluación, sea porque no aprobaron la evaluación) está generando.

En un extremo, la perspectiva del Gobierno por realizar una evaluación que no queda claro si fue para “examinar” a los vocales o para “limpiar” legalmente el camino a nuevas designaciones. Es un tema complicado porque es increíble pensar que ninguno de los vocales (al menos los que aceptaron la evaluación) hayan podido siquiera acercarse a un puntaje que les permitiera seguir en el proceso.

En el medio los operarios del derecho (funcionarios públicos y administrados en general), quienes no saben qué hacer pues los resultados revelarían (y lo pongo en condicional) de que las designaciones fueron manipuladas y que las antiguas resoluciones – y las nuevas, por cierto – serán emitidas por gente que, según los resultados, no serían capaces. La pregunta que seguro se están haciendo es: ¿Cómo es posible que se acepte una incapacidad (no en el sentido peyorativo) y se mantenga esa situación, señalando que en un mes tendremos nuevos vocales?; peor aún que los actuales podrán participar, y por qué no ganar un puesto.

En el otro extremo tenemos a los actuales vocales que reclaman, con justicia, si es correcto lo que se informa; es decir, que se preguntaron aspectos que no tenían relación con su trabajo, lo que alimentaría la teoría de una limpieza en lugar de una reestructuración.

No estoy seguro de lo que pueda pasar, ni de la calidad o transparencia del nuevo concurso, total, antes también se dijo que estos procesos eran transparentes y públicos, pero nadie ha conocido, salvo quienes ¿evaluaban?, quienes ¿postulaban?, quienes ¿decidían? y quienes decían, antes de las evaluaciones, quienes serían, los ¿criterios? de la calificación y las razones para las designaciones, las cuales, tengo la ligera impresión (con las disculpas del caso) eran, seguramente, de índole político o amical.

Es complicado pensar en el desarrollo de un país, a través del dinamismo que imprime la contratación estatal, cuando los propios cimientos que deben sostener este sistema se encuentran tan cuestionados, y las medidas, parecerían más soluciones coyunturales que una verdadera reestructuración.

Finalmente, sobre el “paquete” de medidas para “dinamizar el sistema” habría que preguntarse qué es lo que se emitirá; ¿por qué pensar que este Gobierno sí encontrará la solución al problema? ¿Qué componentes estaría evaluando para que la medida no sea más complicada que la otra y que el remedio resulte peor que la enfermedad? ¿Estamos planificando correctamente las contrataciones, estamos priorizando el estudio del sistema antes de publicar leyes de escritorio que corrigen todo a nivel documentario o se está ubicando el verdadero problema para adoptar una medida correctiva concreta? Ahora bien, hasta donde recuerdo se había planteado en 30 días una nueva normativa de contratación pública, la cual no se ha publicado, por lo que entiendo que la reforma de la legislación estaría incorporado en este ¿paquete?, si lo que sale sólo es maquillar algunas modificaciones, entonces, definitivamente, se estamos en un buen camino porque la revisión y análisis de una normativa no se da de gobierno a gobierno y a gusto del gobierno, sino que debe ser una política de Estado (no del gobierno, sino del propio estado, cualquiera sea el gobierno que nos esté dirigiendo) que certifique constante, permanente y objetivamente si verdaderamente está funcionando, y pueda corregir lo que ha dejado de ser importante, adecuarlo a los cambios que se suscitan y se generen nuevas instituciones para verdaderamente “dinamizar” nuestro sistema.

RELACIÓN DE SANCIONADOS EN AGOSTO POR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA

El 22 de septiembre de este año, el OSCE publicó la Resolución 585-2011-OSCE/PRE, mediante la cual se consigna la relación de sancionados durante el mes de agosto. Esta relación contiene 60 empresas sancionadas, de las cuales 33 se circunscriben a la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta. Es decir, el 55% de los sancionados monopolizan una sola causal y nos indica pues el nivel de veracidad con la que se comportan nuestros administrados. Estos índices no son una novedad por lo que estimo que la Presunción de Veracidad en los procesos de selección debería ser reevaluado a fin de evitar que con este principio se vulnere el interés público.

LAS JUSTIFICACIONES DE LAS CONTRATACIONES EN EL CONGRESO: NANCY OBREGÓN Y LAS ASESORÍAS.

Después de dictar una charla me puse a revisar las noticias y "chekeando" el diario El Comercio encontré una nota referida a la contratación de Nancy Obregón como asesora de la dirección de participación ciudadana del legislativo, entidad que organiza, según el diario, las sesiones plenarias descentralizadas.

El Comercio indica que el legislador Abugattas afirmó que Nancy Obregón tiene experiencia en lo que a trabajo con la ciudadanía se refiere, además señaló que él se haría responsable y que le tiene mucha confianza.

Ahora bien, lo que me sorprendió fue que la contratación de Nancy Obregón se dio después de la aprobación Acuerdo de Mesa 032, aprobado a inicia de Abugattas, el que exonera del requisito del título universitario para la contratación del 1% del personal profesional del servicio parlamentario.

Personalmente no comprendo la ¿importancia? de esta contratación. Si “trabajo con la ciudadanía” implica organizar cocaleros para las protestas, estructurar paros y detener el desarrollo del país, entonces creo que tiene mucha experiencia, es más, estimo que hasta un título de maestría debe tener, sin considerar que un doctorado también es posible. No creo que los ciudadanos, que merecemos respeto, tengamos mayores conocimientos de las aptitudes o virtudes de la Sra. Obregón, más allá de lo comentado. Su nombre ha estado vinculado a organizaciones cocaleras violentas y algunos familiares involucrados en procesos penales por tráfico ilícito de drogas.

Si el propio presidente del congreso flexibiliza las normas para poder contratar a quien crea conveniente, sin necesidad de demostrar capacidades o estudios o experiencias reconocidas, entonces qué se puede esperar de los demás funcionarios. Creo que suficiente tenemos con que no se les exija a los congresistas más que ser peruanos de nacimiento para llegar a la representatividad del país. Con ese tipo de “requisitos” cualquiera llega al congreso, y por cierto, con esa clase de congresistas, cualquiera puede llegar a ser asesor. Los ejemplos en este país son notorios, basta verificar a una de las presidentas de la comisión de educación, sin comentarios o precisiones porque gastamos letras.

Con estas particularidades del congreso, se demuestra que no hay capacidad moral para que se pongan a investigar las contrataciones de otros funcionarios, pues no basta señalar que fue un “Acuerdo de Mesa” que lo permitiera, pues cualquier pretexto, por más legal que sea, no reemplaza la vergüenza que todos los funcionarios deben tener, claro que no se puede pedir esa clase de moral a los congresistas.

Si la Sra. Obregón es tan capaz como se dice que es no tendría ningún inconveniente para encontrar trabajo fuera del sector público y tampoco – en consecuencia – tendría necesidad de recibir las gracias del presidente del congreso, sin considerar el jugoso sueldo mensual que se estaría embolsando sólo por sentarse a organizar protestas institucionales y legales, asumo, a favor del gobierno.

Tengo más pena que rabia por este país pues cada día se demuestra que todos prometen ser incorruptibles pero cuando llegan al poder esconden y justifican las contrataciones de personas sin preparación con cualquier tipo de argumento general pero sin ningún tipo de sustento técnico.

CIM

En el diario Gestión de hoy he leído una nota referida a la SUNAT, y en ella la Jefe de esta entidad pública señaló que: “El contribuyente piensa que la SUNAT es el cuco, y ese es el estigma de los últimos años (…) Tenemos que cambiar todo eso, que el contribuyente sienta que la SUNAT es un brazo de apoyo que valora al contribuyente que tributa”.

Leo esta frase y me pregunto, ¿cómo es que la SUNAT nos quiere tanto? Tengo la impresión que esta entidad pública, cuando de recaudar se trata, no te valora, te exprime, no te apoya, te abandona, no te convence, te obliga. Cuando estudié en la universidad y trataron de enseñarme los fundamentos de los tributos se me indicó que era para solventar la actividad del Estado en beneficio de los administrados, así, con los impuestos se hacen edificios, carreteras, puentes, hospitales, entre otros, así que, como todos, terminé creyéndome semejante falacia.

Claro, me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos que pagan los honestos, sirven en realidad para pagarle a los congresistas, quienes en todos los gobiernos se han esforzado verdaderamente, estoy seguro, por demostrar que son lo peor que existe en este país. Se han pasado la vida de comisión en comisión como si en lugar del poder legislativo se tratara del poder comisionativo (disculpando la inexistencia de la palabra). En lugar de dictar leyes productivas y eficientes tenemos semejantes mamarrachos dignos desastres jurídicos, mal fundamentados. Asumo que como no son buenos para hacer leyes se dedicaron a hacer comisiones, de todo tipo, calibre, color y, lo mejor, cada uno con sus respectivos payasos. Cada escándalo, una comisión, si no hay escándalo, igual comisión para investigar porque nadie está en un escándalo.

Me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para pagarles a los asesores del congreso y de todos funcionarios que ostentan ese privilegio (Ministros, Viceministros, Secretarios Generales, Presidentes de OPD, etc). Si los congresistas y los demás altos funcionarios, lamentablemente, tienen pocas cualidades morales y profesionales, no se qué se puede esperar de quienes los asesoran. Hace poco me enteré que Nancy Obregón, ex congresista, ha sido contratada en el Congreso. Sin comentarios porque por más que trato de hacer sinapsis no me la imagino haciendo algo productivo. Normalmente los asesores no conocen del tema y se la pasan preguntando cómo hacerlo cuando se supone que ellos deberían asesorarnos en cómo hacerlo. Ellos parecen más bien los que necesitan asesores. Cada funcionario, cada gestión tiene sus propios asesores, cada camada más desgastada y desvergonzada que las otras; y en este Gobierno no será la excepción, es una enfermedad endémica.

Me la creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para mantener al presidente de la república, para que los congresistas puedan hacer un circo en una provincia tan golpeada como Ica, que se compren el combustible para que paseen en la playa con autos oficinales; tampoco me dijeron que sirven para construir hospitales que se caen, carros de poca calidad, bienes baratos antes que buenos; no me dijeron que sirve para pagarle al Contralor, quien ya está sometido a varios escándalos públicos, desde un asesor que, según informaciones, parecía regente y estaba por encima del vice contralor, hasta mentir (aparentemente) en las declaraciones juradas, contratar asesores de confianza con un buen sueldo (pero que no tendría título), y subirse el sueldo más allá del tope legal. Comentario aparte, salvo que equivoque mi recuerdo, aseguró que un estudio de abogados había determinado que sí podía elevarse el sueldo. Es curioso que la Entidad que tiene la última palabra en todo lo que ha responsabilidad funcional se refiere, tenga que recurrir a estudios privados para emitir una opinión, ¿por qué no le preguntamos a la Oficina Jurídica de la Contraloría?

Me la creí porque jamás me dijeron que mi dinero recaudado servía para pagarle a los maestros del SUTEP que sólo conocen de huelgas, pero tomarles un examen es una lucha titánica pues comienza a afirmar que todo tiene un trasfondo político. Es decir, les gusta evaluar a los estudiantes, pero no les gusta ser evaluados.

Me la creí porque jamás me dijeron que aún cuando pagues tus impuestos, habrán otros más vivos que tú que no pagarán, y otros que no quieren pagar, así que como es más sencillo cogotearte porque ya estas registrado; me la creí porque no me dijeron que las pistas y las veredas seguirían rotas, los semáforos no funcionarían, no tendríamos seguridad, entre otras cosas.

Qué bueno que la SUNAT quiere cambiar la imagen que tiene, pero antes de dejar de ser el cuco que se indicó, debería trabajar para establecer políticas que permitan ampliar la base tributaria, antes de seguir ejerciendo presión en los negocios y empresas formales que se ven OBLIGADOS a cumplir con la Ley que sólo beneficio al más vivo.