El 22 de septiembre de este año, el OSCE publicó la Resolución 585-2011-OSCE/PRE, mediante la cual se consigna la relación de sancionados durante el mes de agosto. Esta relación contiene 60 empresas sancionadas, de las cuales 33 se circunscriben a la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta. Es decir, el 55% de los sancionados monopolizan una sola causal y nos indica pues el nivel de veracidad con la que se comportan nuestros administrados. Estos índices no son una novedad por lo que estimo que la Presunción de Veracidad en los procesos de selección debería ser reevaluado a fin de evitar que con este principio se vulnere el interés público.
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Datos personales
- Carlos Luis Ireijo Mitsuta
- Abogado egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP). Especialista en contratación pública. Asistente de Vocal en el Tribunal de Contrataciones y Adquisiciones y abogado de la Gerencia Técnico Normativo (GTN) del CONSUCODE (ahora denominado OSCE). Abogado de la Oficina Jurídica y Jefe del Área de Procesos Públicos del Ministerio de Educación.
miércoles, 28 de septiembre de 2011
sábado, 24 de septiembre de 2011
LAS JUSTIFICACIONES DE LAS CONTRATACIONES EN EL CONGRESO: NANCY OBREGÓN Y LAS ASESORÍAS.
Después de dictar una charla me puse a revisar las noticias y "chekeando" el diario El Comercio encontré una nota referida a la contratación de Nancy Obregón como asesora de la dirección de participación ciudadana del legislativo, entidad que organiza, según el diario, las sesiones plenarias descentralizadas.
El Comercio indica que el legislador Abugattas afirmó que Nancy Obregón tiene experiencia en lo que a trabajo con la ciudadanía se refiere, además señaló que él se haría responsable y que le tiene mucha confianza.
Ahora bien, lo que me sorprendió fue que la contratación de Nancy Obregón se dio después de la aprobación Acuerdo de Mesa 032, aprobado a inicia de Abugattas, el que exonera del requisito del título universitario para la contratación del 1% del personal profesional del servicio parlamentario.
Personalmente no comprendo la ¿importancia? de esta contratación. Si “trabajo con la ciudadanía” implica organizar cocaleros para las protestas, estructurar paros y detener el desarrollo del país, entonces creo que tiene mucha experiencia, es más, estimo que hasta un título de maestría debe tener, sin considerar que un doctorado también es posible. No creo que los ciudadanos, que merecemos respeto, tengamos mayores conocimientos de las aptitudes o virtudes de la Sra. Obregón, más allá de lo comentado. Su nombre ha estado vinculado a organizaciones cocaleras violentas y algunos familiares involucrados en procesos penales por tráfico ilícito de drogas.
Si el propio presidente del congreso flexibiliza las normas para poder contratar a quien crea conveniente, sin necesidad de demostrar capacidades o estudios o experiencias reconocidas, entonces qué se puede esperar de los demás funcionarios. Creo que suficiente tenemos con que no se les exija a los congresistas más que ser peruanos de nacimiento para llegar a la representatividad del país. Con ese tipo de “requisitos” cualquiera llega al congreso, y por cierto, con esa clase de congresistas, cualquiera puede llegar a ser asesor. Los ejemplos en este país son notorios, basta verificar a una de las presidentas de la comisión de educación, sin comentarios o precisiones porque gastamos letras.
Con estas particularidades del congreso, se demuestra que no hay capacidad moral para que se pongan a investigar las contrataciones de otros funcionarios, pues no basta señalar que fue un “Acuerdo de Mesa” que lo permitiera, pues cualquier pretexto, por más legal que sea, no reemplaza la vergüenza que todos los funcionarios deben tener, claro que no se puede pedir esa clase de moral a los congresistas.
Si la Sra. Obregón es tan capaz como se dice que es no tendría ningún inconveniente para encontrar trabajo fuera del sector público y tampoco – en consecuencia – tendría necesidad de recibir las gracias del presidente del congreso, sin considerar el jugoso sueldo mensual que se estaría embolsando sólo por sentarse a organizar protestas institucionales y legales, asumo, a favor del gobierno.
Tengo más pena que rabia por este país pues cada día se demuestra que todos prometen ser incorruptibles pero cuando llegan al poder esconden y justifican las contrataciones de personas sin preparación con cualquier tipo de argumento general pero sin ningún tipo de sustento técnico.
CIM
jueves, 22 de septiembre de 2011
En el diario Gestión de hoy he leído una nota referida a la SUNAT, y en ella la Jefe de esta entidad pública señaló que: “El contribuyente piensa que la SUNAT es el cuco, y ese es el estigma de los últimos años (…) Tenemos que cambiar todo eso, que el contribuyente sienta que la SUNAT es un brazo de apoyo que valora al contribuyente que tributa”.
Leo esta frase y me pregunto, ¿cómo es que la SUNAT nos quiere tanto? Tengo la impresión que esta entidad pública, cuando de recaudar se trata, no te valora, te exprime, no te apoya, te abandona, no te convence, te obliga. Cuando estudié en la universidad y trataron de enseñarme los fundamentos de los tributos se me indicó que era para solventar la actividad del Estado en beneficio de los administrados, así, con los impuestos se hacen edificios, carreteras, puentes, hospitales, entre otros, así que, como todos, terminé creyéndome semejante falacia.
Claro, me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos que pagan los honestos, sirven en realidad para pagarle a los congresistas, quienes en todos los gobiernos se han esforzado verdaderamente, estoy seguro, por demostrar que son lo peor que existe en este país. Se han pasado la vida de comisión en comisión como si en lugar del poder legislativo se tratara del poder comisionativo (disculpando la inexistencia de la palabra). En lugar de dictar leyes productivas y eficientes tenemos semejantes mamarrachos dignos desastres jurídicos, mal fundamentados. Asumo que como no son buenos para hacer leyes se dedicaron a hacer comisiones, de todo tipo, calibre, color y, lo mejor, cada uno con sus respectivos payasos. Cada escándalo, una comisión, si no hay escándalo, igual comisión para investigar porque nadie está en un escándalo.
Me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para pagarles a los asesores del congreso y de todos funcionarios que ostentan ese privilegio (Ministros, Viceministros, Secretarios Generales, Presidentes de OPD, etc). Si los congresistas y los demás altos funcionarios, lamentablemente, tienen pocas cualidades morales y profesionales, no se qué se puede esperar de quienes los asesoran. Hace poco me enteré que Nancy Obregón, ex congresista, ha sido contratada en el Congreso. Sin comentarios porque por más que trato de hacer sinapsis no me la imagino haciendo algo productivo. Normalmente los asesores no conocen del tema y se la pasan preguntando cómo hacerlo cuando se supone que ellos deberían asesorarnos en cómo hacerlo. Ellos parecen más bien los que necesitan asesores. Cada funcionario, cada gestión tiene sus propios asesores, cada camada más desgastada y desvergonzada que las otras; y en este Gobierno no será la excepción, es una enfermedad endémica.
Me la creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para mantener al presidente de la república, para que los congresistas puedan hacer un circo en una provincia tan golpeada como Ica, que se compren el combustible para que paseen en la playa con autos oficinales; tampoco me dijeron que sirven para construir hospitales que se caen, carros de poca calidad, bienes baratos antes que buenos; no me dijeron que sirve para pagarle al Contralor, quien ya está sometido a varios escándalos públicos, desde un asesor que, según informaciones, parecía regente y estaba por encima del vice contralor, hasta mentir (aparentemente) en las declaraciones juradas, contratar asesores de confianza con un buen sueldo (pero que no tendría título), y subirse el sueldo más allá del tope legal. Comentario aparte, salvo que equivoque mi recuerdo, aseguró que un estudio de abogados había determinado que sí podía elevarse el sueldo. Es curioso que la Entidad que tiene la última palabra en todo lo que ha responsabilidad funcional se refiere, tenga que recurrir a estudios privados para emitir una opinión, ¿por qué no le preguntamos a la Oficina Jurídica de la Contraloría?
Me la creí porque jamás me dijeron que mi dinero recaudado servía para pagarle a los maestros del SUTEP que sólo conocen de huelgas, pero tomarles un examen es una lucha titánica pues comienza a afirmar que todo tiene un trasfondo político. Es decir, les gusta evaluar a los estudiantes, pero no les gusta ser evaluados.
Me la creí porque jamás me dijeron que aún cuando pagues tus impuestos, habrán otros más vivos que tú que no pagarán, y otros que no quieren pagar, así que como es más sencillo cogotearte porque ya estas registrado; me la creí porque no me dijeron que las pistas y las veredas seguirían rotas, los semáforos no funcionarían, no tendríamos seguridad, entre otras cosas.
Qué bueno que la SUNAT quiere cambiar la imagen que tiene, pero antes de dejar de ser el cuco que se indicó, debería trabajar para establecer políticas que permitan ampliar la base tributaria, antes de seguir ejerciendo presión en los negocios y empresas formales que se ven OBLIGADOS a cumplir con la Ley que sólo beneficio al más vivo.
martes, 20 de septiembre de 2011
SE CONCLUYE CON LA DESIGNACIÓN DE ALGUNOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO
Hoy en el Diario Oficinal El Peruano se han emitido dos dispositivos legales referidos a la reestructuración del OSCE. El primero de ellos es el Decreto Supremo 172-2011-EF, mediante el cual se dispone que los vocales que se presentaron al proceso de evaluación en el marco del Decreto de Urgencia 048-2011 y del Decreto Supremo 163-2011-EF, permanecerán en el cargo hasta que se designe a los nuevos vocales conforme a la normatividad vigente. El segundo es la Resolución Suprema 068-2011-EF mediante el cual se da por concluida la designación de los vocales que no se presentaron al proceso de evaluación:
1. NAVAS RONDÓN, CARLOS VICENTE.
2. RAMÍREZ MAYNETTO, JANNETTE ELKE.
3. SALAZAR DÍAZ, DAMMAR.
4. YAYA LUYO, MÓNICA YADIRA.
5. ZUMAETA GIUDICHI, MARTÍN.
Ahora queda que el nuevo gobierno disponga un procedimiento TRANSPARENTE y OBJETIVO mediante el cual se evalúe a quienes integrarán el nuevo Tribunal de Contrataciones.
lunes, 19 de septiembre de 2011
La Comisión de Evaluación y Ratificación de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del OSCE ha dado una sorpresa mayúscula con los resultados emitidos en las últimas semanas, pues ha concluido que ninguno de los vocales que se encuentran en actividad están aptos para el cargo que desempeñan.
La primera etapa del proceso fue la evaluación curricular. Así, la Comisión informó el día 11 de septiembre de 2011 que solo tres vocales habrían aprobado la evaluación curricular y por tanto estarían habilitados para la siguiente etapa. La segunda etapa fue la evaluación de conocimientos, y aquí la sorpresa fue inmensa cuando el día 14 de septiembre de 2011 la Comisión informó que ninguno de los evaluados había obtenido el puntaje mínimo requerido.
La conclusión a la que ha llegado la Comisión es que ninguno de los vocales que fueron evaluados, sea en el plano curricular o conocimiento, se encuentra en capacidad para resolver las controversias concretas durante el proceso de selección o determinar la imposición de sanciones administrativas a los particulares.
La interrogante que hago es la siguiente: ¿Cómo es posible que ninguno cumpla con las condiciones de experiencia y conocimiento necesario? ¿Qué se ha estado resolviendo en todo este tiempo? ¿Qué clase de resoluciones hemos tenido? Yo he comentado algunas resoluciones que no me han parecido apropiadas y en esos casos, sí me he cuestionado por qué se ha interpretado la normativa de tal o cual manera. También he criticado algunas disposiciones de la Ley – y su Reglamento – porque las considero ineficientes. No obstante, parece increíble la conclusión porque al menos alguno de los vocales debe contar con algún mérito.
Por otro lado, si la Comisión ha considerado que ninguno cumple con los requisitos mínimos, entonces cómo es posible que se mantengan y sigan resolviendo las controversias o los procedimientos administrativos sancionadores. Es evidente que legalmente serán resoluciones válidas, pero ¿tendrán legitimidad después de lo que ha señalado la Comisión? Es decir, ¿cómo aceptar la decisión de un funcionario del Estado cuando el propio Estado le ha “bajado el dedo”?
Finalmente, la Comisión puede haber dado una conclusión pero lo que ha generado es una situación de vacío y desconfianza pues hasta que los vocales no renuncien, cesen o, en todo caso, los destituyan, siguen siendo quienes deben resolver los casos concretos. Esperemos que el Gobierno que ha ingresado sepa cuidadosamente a quién designará y cumpla de forma exhaustiva con respetar las exigencias que ellos mismos han impuesto, caso contrario quedará en evidencia que lo único que se quiso hacer es quitar del camino las piedras de otros para colocar las suyas.
viernes, 16 de septiembre de 2011
Ayer estuve dando una charla en una institución de salud y trataba de transmitir lo importante que resulta la participación de las dependencias usuarias en la contratación pública; y que por cierto, no es tan real que la dependencia logística tenga la culpa exclusiva de una compra que fuese deficiente. En ese momento un doctor me interrumpe y me informa que la logística a veces no le compra lo que le pide. Yo le pido que me explique un poco mejor el supuesto y el comienza a decir que como médico conoce determinado equipo y sabe que ese equipo es bueno, pero al final la logística termina comprando otro, de una marca que no resulta de buena calidad. Yo le repregunto: ¿No te compró el equipo que pedías o no te compró el equipo que querías?
Si pusiste especificaciones generales que todos las empresas pueden cumplir, entonces es más que seguro que ganará el que ofrezca el menor precio, porque los factores de evaluación que se presentan en la normativa de contratación no tienen ningún elemento que esté referido a los aspectos técnicos, valga revisar los montos facturados, el plazo de entrega, garantía comercial, repuestos, etc, sin considerar que los postores ofrecerán lo que sea por obtener el contrato, incluso se atreverán a presentar documentación falsa para obtener un mayor puntaje. En este supuesto, el área usuaria no puede quejarse de los resultados pues sus parámetros pueden ser cumplidos por cualquiera.
Es evidente que no puedes consignar una condición obligatoria técnica que sólo uno pueda cumplir, aún cuando ese equipo resulta más eficiente que los demás; y por supuesto, su funcionamiento eficiente resulta relevante para la contratación, pues los demás te acusaran de direccionamiento, sin contar el cuestionamiento de tu auditor y la Contraloría, Ministerio Público, etc. Con esos incentivos, mejor terminas comprando simplemente lo barato y no lo mejor.
Ahora bien, estimo que existen formas de lograr que la prestación eficiente sea la ganadora y deseches a las empresas con calidades inferiores. El uso de factores de evaluación de carácter técnico (no experiencia, no plazo de entrega) sino otros más relevantes que pueden hacer la diferencia, nos brindaría la posibilidad de lograr una victoria de la eficiencia sobre el precio. Claro que éstas diferencias deben ser efectivamente relevantes y trascendentes, ser objetivas, razonables, coherentes y relacionadas con el objeto de la convocatoria.
La pregunta que uno debe hacerse es si la logística está preparada para conocer los componentes técnicos de los bienes que un usuario solicita. Por ejemplo, ¿un logístico podría ser un experto en informática? ¿Un logístico podría conocer el uso, beneficios y ventajas de un endoscopio? ¿Un logístico podría conocer qué libro de primero de primaria es mejor que otro? Aún cuando hayan trabajo much0 tiempo en entidades que se dediquen a la informática, a la medicina o la educación no están preparados para eso. Lo que conocen es el procedimiento legal que las entidades utilizan para las contrataciones, pero conocimiento técnico de lo que compran es imposible requerirlo.
Aquí lo que debe comprenderse es que el usuario se vuelve una pieza importante para el sistema pues éste tiene el suficiente conocimiento (en todo caso más que el logístico) para descubrir e identificar diferencias entre los equipos que solicita y puede guiar al logístico a estructurar un buen estudio de posibilidades que encuentre los elementos para evaluar en el proceso, como lo señala la normativa de contratación pública. Con el apoyo del usuario (que puede ser solicitado y éste debe prestarlo bajo responsabilidad) creo que la logística podría encontrar componentes y sugerir (quien determina es el comité finalmente) factores más imaginativos que permitan que el precio no resulte tan relevante para la selección.
El usuario se ha limitado a trasladar la responsabilidad a la logística por una consecuencia que, desde mi punto de vista, es responsabilidad de todos los componentes de un sistema, es decir, usuario, logístico, auditor, incluso del titular y los jefes que normalmente piden sin anticipación sin respetar tiempos porque la coyuntura política o las fotos así lo exigen.
Si queremos mejorar el sistema, todos los componentes deben alinearse, apoyarse y trabajar para un resultado común, pues cuando se compra mal, no compra mal el logístico o el usuario, compra mal el Estado.
lunes, 12 de septiembre de 2011
Hubo 2.457 obras y adquisiciones del Estado 'a dedo' en el pasado gobierno aprista:
Según información del diario La República, en el año 2009, el Gobierno del Partido Aprista Peruano permitió un sinnúmero de exoneraciones a procesos de selección. Aquí la nota periodística, la que pueden encontrarla directamente en el siguiente link:
Ana Núñez.
Más indicios sobre graves irregularidades en el gobierno aprista fueron puestos en evidencia por un nuevo informe de la Contraloría General de la República. Se trata de una acción de control a las exoneraciones de los procesos de selección aprobados por entidades del sector público en el ejercicio del 2009, el cual revela el mal uso que se hizo de los dispositivos que permiten a una institución estatal realizar contrataciones directas y saltarse todos los requisitos de la Ley de Contrataciones del Estado.
El documento, al que tuvo acceso este diario, señala claramente que la Contraloría determinó que al menos en ese año se cancelaron irregularmente una serie de procesos de selección en marcha para forzar la situación de desabastecimiento inminente y así poder realizar una compra directa.
Esto explicaría el gran número de exoneraciones aprobadas durante el 2009 (2.457), una cifra que por poco y duplica a las exoneraciones que se aprobaron un año antes, y que en soles alcanza los 2.500 millones. Pero uno de los cuadros que acompañan esta nota explica cómo ya desde el 2007, segundo año del gobierno aprista, se comenzó a sumar significativamente el número de contrataciones que eran exentas de los requisitos de ley y, por lo tanto, los montos.
También se aprobó la exoneración de procesos de selección de varias contrataciones sin sustento técnico que acreditara la causa de la misma y con valores referenciales no sustentados en un estudio de mercado.
Se encontró, también, el pago a contratistas de cantidades que excedían al monto pactado, el pago de adicionales de obra sin sustento técnico, y la ausencia o deficiencia en la conformidad de servicio, lo cual impidió advertir el incumplimiento de contratos.
Esta situación fue generada sobre todo por la existencia de dos decretos de urgencia aprobados por el Ejecutivo: el DU 037-2008, que dicta medidas para asegurar abastecimiento oportuno de energía eléctrica al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional; y el DU 004-2009 y su fe de erratas, que autoriza al Ministerio de Educación a realizar contrataciones directas para rehabilitar, remodelar y equipar colegios emblemáticos y el Estadio Nacional.
Sólo el 2009, gracias al segundo de esos decretos, en infraestructura educativa hubo contrataciones exoneradas de procesos de selección por más de 345 millones de soles. Ese año, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (Pronied) fue la entidad con un mayor monto ejecutado en contratos libres de procesos de selección.
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