Hoy una empresa me hizo una pregunta que no tenía que ver con el derecho, pero sí muy ligada a la compra pública, y me quedé pensando puesto que el razonamiento empresarial me pareció adecuado y oportuno, sobre todo porque el supuesto que se formuló “arrastraría” otros componentes de una compra que una entidad quería hacer.
La empresa me preguntó si podía modificar las condiciones que había establecido en una cotización puesto que las circunstancias en las que la había estructurado habían cambiado radicalmente. El supuesto es que la Entidad, me comentó, quiere comprar algunos bienes que se tienen que producir (fabricar, crear, producir) porque así como los piden no existen en el mercado. Hasta ese punto me pareció todo normal, bueno para el sector público que tiene la característica de pedir unas cosas que no existen y no se encuentran fácilmente o si existen son excesivamente caras por sus condiciones técnicas y contractuales.
Lo malo, me comentó el empresario, es que esa cotización tiene un mes de emitida, pero todavía ni siquiera hay vistos de que se convoque el proceso de selección. Hasta allí tampoco le veía inconvenientes considerando que las entidades públicas se toman todo el tiempo que les da la vida para hacer los trámites previos a un proceso; además que sólo se apuran cuando el año está cerrando o cuando la Alta Dirección lo pide con “suma urgencia”, cualquiera sea la urgencia.
Lo peor de todo es que el requerimiento que piden es cuantioso, es un montón de bienes los que se supone licitarán y el plazo de ejecución está alrededor de los doscientos días calendarios, lo que también es reducido para la cantidad. Hasta este momento, me parecía todo normal porque la costumbre de las entidades es pedir sin medir la cantidad, pedir tarde y por es el plazo de ejecución suele ser muy reducido.
Como todo me parecía normal, le dije que no había forma de decirle a la Entidad que estaba mal, hasta que me comentó algo que no había tomado en consideración: Es que si se convoca el proceso el otro mes, considerando los plazos de una licitación pública (los obligatorios), incluyendo elevación de las observaciones no acogidas, más los tiempos de evaluación y otorgamiento de la buena pro, el consentimiento, los días de citación y los plazos para suscribir el contrato, ya estamos a mediados de octubre; y eso que no considero; precisó, eventuales apelaciones porque el monto es cuantioso. Internamente seguía sin comprender, hasta que me indicó lo siguiente: En ese momento comienza la campaña navideña y nadie tendrá los insumos para producir esos bienes, y así se extienda el plazo de entrega, no se podrá cumplir; y si los conseguimos de los proveedores, éstos elevaran el precio debido a que para esa época ya tendrán comprometida su producción o venta; pues los privados sí pueden pactar antes; y yo, me comentó, no puedo pactar nada con los proveedores porque no sé si voy a ganar el proceso.
En ese momento me puse a pensar en que no sólo importan, para una contratación eficiente, el plazo, calidad y precio, sino también verificar las condiciones coyunturales que puede brindar el mercado para un adecuado abastecimiento de bienes. En efecto, si pides algo en un momento donde todos quieren vender y/o producir, entonces nadie tendrá insumos para darte. Los privados salvan esta situación haciendo pedidos programados con anticipación, pero los contratistas con el Estado cómo pueden adelantar acuerdos con sus proveedores cuando no saben si obtendrán el contrato; incluso después de suscribir el contrato el Estado tiene esa gran imaginación de declarar nulos los contratos, así que la seguridad en las contrataciones estatales no es el fuerte en este país, lo cual generan un riesgo inmenso para quienes ingenuamente quieren contratar con el Estado.
Un verdadero estudio de las posibilidades que ofrece el mercado también, estimo con este ejemplo, debe verificar no sólo condiciones de calidad, precio y plazo, sino cómo se mueve y desarrolla el mercado en determinadas épocas, por ejemplo campañas navideñas, día del padre, madre y escolar, y analizar el nivel de demanda de productos y/o insumos para que con ello se puede establecer una adecuada programación de sus compras. Con esa "inteligencia de mercado" podría evitarse que los precios sean elevados, no por las condiciones, no por la sobrevaloración, sino por la conyuntura. Aquí creo que nos contentamos con convocar el proceso, pero no vemos si el momento de la convocatoria y ejecución contractual tendrán una repercusión en el plazo, calidad, cumplimiento o precio.
Saludos a todos.
CIM.
