LA SBS Y LAS FIANZAS EMITIDAS POR COOPEX

El 03 de Octubre, salió publicado un Comunicado de la SBS mediante el cual se informó que la Cooperativa Coopex no está autorizada para emitir Cartas Fianzas en procesos de contrataciones con el Estado, regulados por el Decreto Legislativo 1017, debido a que, refiere la SBS, esta cooperativa no está sujeta a su supervisión, requisito indispensable consignado en el articulo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado para que las garantías resulten válidas.

El 01 de octubre estaba leyendo el diario El Comercio, sección “Economía” y me encontré la noticia que el MEF convocará un Concurso Público para buscar nuevos vocales del Tribunal de Contrataciones. La nota indica que en noviembre tendremos a los nuevos funcionarios, que el proceso será público y que podrán presentarse los actuales vocales. Asimismo, refiere que luego de las designaciones se emitirá un paquete de medidas para dinamizar el sistema de compras estatales”. Finalmente, hacen referencia a que la evaluación de los actuales vocales fue transparente y se consultaron temas de la Ley de Procedimientos Administrativos, que es lo mínimo que un miembro de un tribunal procesal debe conocer”, pese a que los evaluados afirmaron que la evaluación consideró aspectos no relacionados con su actividad.

Lo primero que debo señalar es la evidente situación de inseguridad – y por qué no legitimidad – que la desaprobación de la totalidad de los actuales vocales (sea porque no se presentaron a la evaluación, sea porque no aprobaron la evaluación) está generando.

En un extremo, la perspectiva del Gobierno por realizar una evaluación que no queda claro si fue para “examinar” a los vocales o para “limpiar” legalmente el camino a nuevas designaciones. Es un tema complicado porque es increíble pensar que ninguno de los vocales (al menos los que aceptaron la evaluación) hayan podido siquiera acercarse a un puntaje que les permitiera seguir en el proceso.

En el medio los operarios del derecho (funcionarios públicos y administrados en general), quienes no saben qué hacer pues los resultados revelarían (y lo pongo en condicional) de que las designaciones fueron manipuladas y que las antiguas resoluciones – y las nuevas, por cierto – serán emitidas por gente que, según los resultados, no serían capaces. La pregunta que seguro se están haciendo es: ¿Cómo es posible que se acepte una incapacidad (no en el sentido peyorativo) y se mantenga esa situación, señalando que en un mes tendremos nuevos vocales?; peor aún que los actuales podrán participar, y por qué no ganar un puesto.

En el otro extremo tenemos a los actuales vocales que reclaman, con justicia, si es correcto lo que se informa; es decir, que se preguntaron aspectos que no tenían relación con su trabajo, lo que alimentaría la teoría de una limpieza en lugar de una reestructuración.

No estoy seguro de lo que pueda pasar, ni de la calidad o transparencia del nuevo concurso, total, antes también se dijo que estos procesos eran transparentes y públicos, pero nadie ha conocido, salvo quienes ¿evaluaban?, quienes ¿postulaban?, quienes ¿decidían? y quienes decían, antes de las evaluaciones, quienes serían, los ¿criterios? de la calificación y las razones para las designaciones, las cuales, tengo la ligera impresión (con las disculpas del caso) eran, seguramente, de índole político o amical.

Es complicado pensar en el desarrollo de un país, a través del dinamismo que imprime la contratación estatal, cuando los propios cimientos que deben sostener este sistema se encuentran tan cuestionados, y las medidas, parecerían más soluciones coyunturales que una verdadera reestructuración.

Finalmente, sobre el “paquete” de medidas para “dinamizar el sistema” habría que preguntarse qué es lo que se emitirá; ¿por qué pensar que este Gobierno sí encontrará la solución al problema? ¿Qué componentes estaría evaluando para que la medida no sea más complicada que la otra y que el remedio resulte peor que la enfermedad? ¿Estamos planificando correctamente las contrataciones, estamos priorizando el estudio del sistema antes de publicar leyes de escritorio que corrigen todo a nivel documentario o se está ubicando el verdadero problema para adoptar una medida correctiva concreta? Ahora bien, hasta donde recuerdo se había planteado en 30 días una nueva normativa de contratación pública, la cual no se ha publicado, por lo que entiendo que la reforma de la legislación estaría incorporado en este ¿paquete?, si lo que sale sólo es maquillar algunas modificaciones, entonces, definitivamente, se estamos en un buen camino porque la revisión y análisis de una normativa no se da de gobierno a gobierno y a gusto del gobierno, sino que debe ser una política de Estado (no del gobierno, sino del propio estado, cualquiera sea el gobierno que nos esté dirigiendo) que certifique constante, permanente y objetivamente si verdaderamente está funcionando, y pueda corregir lo que ha dejado de ser importante, adecuarlo a los cambios que se suscitan y se generen nuevas instituciones para verdaderamente “dinamizar” nuestro sistema.

RELACIÓN DE SANCIONADOS EN AGOSTO POR PRESENTAR DOCUMENTACIÓN FALSA O INEXACTA

El 22 de septiembre de este año, el OSCE publicó la Resolución 585-2011-OSCE/PRE, mediante la cual se consigna la relación de sancionados durante el mes de agosto. Esta relación contiene 60 empresas sancionadas, de las cuales 33 se circunscriben a la causal de presentación de documentación falsa y/o inexacta. Es decir, el 55% de los sancionados monopolizan una sola causal y nos indica pues el nivel de veracidad con la que se comportan nuestros administrados. Estos índices no son una novedad por lo que estimo que la Presunción de Veracidad en los procesos de selección debería ser reevaluado a fin de evitar que con este principio se vulnere el interés público.

LAS JUSTIFICACIONES DE LAS CONTRATACIONES EN EL CONGRESO: NANCY OBREGÓN Y LAS ASESORÍAS.

Después de dictar una charla me puse a revisar las noticias y "chekeando" el diario El Comercio encontré una nota referida a la contratación de Nancy Obregón como asesora de la dirección de participación ciudadana del legislativo, entidad que organiza, según el diario, las sesiones plenarias descentralizadas.

El Comercio indica que el legislador Abugattas afirmó que Nancy Obregón tiene experiencia en lo que a trabajo con la ciudadanía se refiere, además señaló que él se haría responsable y que le tiene mucha confianza.

Ahora bien, lo que me sorprendió fue que la contratación de Nancy Obregón se dio después de la aprobación Acuerdo de Mesa 032, aprobado a inicia de Abugattas, el que exonera del requisito del título universitario para la contratación del 1% del personal profesional del servicio parlamentario.

Personalmente no comprendo la ¿importancia? de esta contratación. Si “trabajo con la ciudadanía” implica organizar cocaleros para las protestas, estructurar paros y detener el desarrollo del país, entonces creo que tiene mucha experiencia, es más, estimo que hasta un título de maestría debe tener, sin considerar que un doctorado también es posible. No creo que los ciudadanos, que merecemos respeto, tengamos mayores conocimientos de las aptitudes o virtudes de la Sra. Obregón, más allá de lo comentado. Su nombre ha estado vinculado a organizaciones cocaleras violentas y algunos familiares involucrados en procesos penales por tráfico ilícito de drogas.

Si el propio presidente del congreso flexibiliza las normas para poder contratar a quien crea conveniente, sin necesidad de demostrar capacidades o estudios o experiencias reconocidas, entonces qué se puede esperar de los demás funcionarios. Creo que suficiente tenemos con que no se les exija a los congresistas más que ser peruanos de nacimiento para llegar a la representatividad del país. Con ese tipo de “requisitos” cualquiera llega al congreso, y por cierto, con esa clase de congresistas, cualquiera puede llegar a ser asesor. Los ejemplos en este país son notorios, basta verificar a una de las presidentas de la comisión de educación, sin comentarios o precisiones porque gastamos letras.

Con estas particularidades del congreso, se demuestra que no hay capacidad moral para que se pongan a investigar las contrataciones de otros funcionarios, pues no basta señalar que fue un “Acuerdo de Mesa” que lo permitiera, pues cualquier pretexto, por más legal que sea, no reemplaza la vergüenza que todos los funcionarios deben tener, claro que no se puede pedir esa clase de moral a los congresistas.

Si la Sra. Obregón es tan capaz como se dice que es no tendría ningún inconveniente para encontrar trabajo fuera del sector público y tampoco – en consecuencia – tendría necesidad de recibir las gracias del presidente del congreso, sin considerar el jugoso sueldo mensual que se estaría embolsando sólo por sentarse a organizar protestas institucionales y legales, asumo, a favor del gobierno.

Tengo más pena que rabia por este país pues cada día se demuestra que todos prometen ser incorruptibles pero cuando llegan al poder esconden y justifican las contrataciones de personas sin preparación con cualquier tipo de argumento general pero sin ningún tipo de sustento técnico.

CIM

En el diario Gestión de hoy he leído una nota referida a la SUNAT, y en ella la Jefe de esta entidad pública señaló que: “El contribuyente piensa que la SUNAT es el cuco, y ese es el estigma de los últimos años (…) Tenemos que cambiar todo eso, que el contribuyente sienta que la SUNAT es un brazo de apoyo que valora al contribuyente que tributa”.

Leo esta frase y me pregunto, ¿cómo es que la SUNAT nos quiere tanto? Tengo la impresión que esta entidad pública, cuando de recaudar se trata, no te valora, te exprime, no te apoya, te abandona, no te convence, te obliga. Cuando estudié en la universidad y trataron de enseñarme los fundamentos de los tributos se me indicó que era para solventar la actividad del Estado en beneficio de los administrados, así, con los impuestos se hacen edificios, carreteras, puentes, hospitales, entre otros, así que, como todos, terminé creyéndome semejante falacia.

Claro, me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos que pagan los honestos, sirven en realidad para pagarle a los congresistas, quienes en todos los gobiernos se han esforzado verdaderamente, estoy seguro, por demostrar que son lo peor que existe en este país. Se han pasado la vida de comisión en comisión como si en lugar del poder legislativo se tratara del poder comisionativo (disculpando la inexistencia de la palabra). En lugar de dictar leyes productivas y eficientes tenemos semejantes mamarrachos dignos desastres jurídicos, mal fundamentados. Asumo que como no son buenos para hacer leyes se dedicaron a hacer comisiones, de todo tipo, calibre, color y, lo mejor, cada uno con sus respectivos payasos. Cada escándalo, una comisión, si no hay escándalo, igual comisión para investigar porque nadie está en un escándalo.

Me lo creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para pagarles a los asesores del congreso y de todos funcionarios que ostentan ese privilegio (Ministros, Viceministros, Secretarios Generales, Presidentes de OPD, etc). Si los congresistas y los demás altos funcionarios, lamentablemente, tienen pocas cualidades morales y profesionales, no se qué se puede esperar de quienes los asesoran. Hace poco me enteré que Nancy Obregón, ex congresista, ha sido contratada en el Congreso. Sin comentarios porque por más que trato de hacer sinapsis no me la imagino haciendo algo productivo. Normalmente los asesores no conocen del tema y se la pasan preguntando cómo hacerlo cuando se supone que ellos deberían asesorarnos en cómo hacerlo. Ellos parecen más bien los que necesitan asesores. Cada funcionario, cada gestión tiene sus propios asesores, cada camada más desgastada y desvergonzada que las otras; y en este Gobierno no será la excepción, es una enfermedad endémica.

Me la creí porque jamás me dijeron que los impuestos sirven también para mantener al presidente de la república, para que los congresistas puedan hacer un circo en una provincia tan golpeada como Ica, que se compren el combustible para que paseen en la playa con autos oficinales; tampoco me dijeron que sirven para construir hospitales que se caen, carros de poca calidad, bienes baratos antes que buenos; no me dijeron que sirve para pagarle al Contralor, quien ya está sometido a varios escándalos públicos, desde un asesor que, según informaciones, parecía regente y estaba por encima del vice contralor, hasta mentir (aparentemente) en las declaraciones juradas, contratar asesores de confianza con un buen sueldo (pero que no tendría título), y subirse el sueldo más allá del tope legal. Comentario aparte, salvo que equivoque mi recuerdo, aseguró que un estudio de abogados había determinado que sí podía elevarse el sueldo. Es curioso que la Entidad que tiene la última palabra en todo lo que ha responsabilidad funcional se refiere, tenga que recurrir a estudios privados para emitir una opinión, ¿por qué no le preguntamos a la Oficina Jurídica de la Contraloría?

Me la creí porque jamás me dijeron que mi dinero recaudado servía para pagarle a los maestros del SUTEP que sólo conocen de huelgas, pero tomarles un examen es una lucha titánica pues comienza a afirmar que todo tiene un trasfondo político. Es decir, les gusta evaluar a los estudiantes, pero no les gusta ser evaluados.

Me la creí porque jamás me dijeron que aún cuando pagues tus impuestos, habrán otros más vivos que tú que no pagarán, y otros que no quieren pagar, así que como es más sencillo cogotearte porque ya estas registrado; me la creí porque no me dijeron que las pistas y las veredas seguirían rotas, los semáforos no funcionarían, no tendríamos seguridad, entre otras cosas.

Qué bueno que la SUNAT quiere cambiar la imagen que tiene, pero antes de dejar de ser el cuco que se indicó, debería trabajar para establecer políticas que permitan ampliar la base tributaria, antes de seguir ejerciendo presión en los negocios y empresas formales que se ven OBLIGADOS a cumplir con la Ley que sólo beneficio al más vivo.

SE CONCLUYE CON LA DESIGNACIÓN DE ALGUNOS VOCALES DEL TRIBUNAL DE CONTRATACIONES DEL ESTADO

Hoy en el Diario Oficinal El Peruano se han emitido dos dispositivos legales referidos a la reestructuración del OSCE. El primero de ellos es el Decreto Supremo 172-2011-EF, mediante el cual se dispone que los vocales que se presentaron al proceso de evaluación  en el marco del Decreto de Urgencia 048-2011 y del Decreto Supremo  163-2011-EF, permanecerán en el cargo hasta que se designe a los nuevos vocales conforme a la normatividad vigente. El segundo es la Resolución Suprema 068-2011-EF mediante el cual se da por concluida la designación de los vocales que no se presentaron al proceso de evaluación:

1.         NAVAS RONDÓN, CARLOS VICENTE.

2.       RAMÍREZ MAYNETTO, JANNETTE ELKE.

3.       SALAZAR DÍAZ, DAMMAR.

4.       YAYA LUYO, MÓNICA YADIRA.

5.       ZUMAETA GIUDICHI, MARTÍN.

Ahora queda que el nuevo gobierno disponga un procedimiento TRANSPARENTE y OBJETIVO mediante el cual se evalúe a quienes integrarán el nuevo Tribunal de Contrataciones.

La Comisión de Evaluación y Ratificación de los Vocales del Tribunal de Contrataciones del OSCE ha dado una sorpresa mayúscula con los resultados emitidos en las últimas semanas, pues ha concluido que ninguno de los vocales que se encuentran en actividad están aptos para el cargo que desempeñan.

La primera etapa del proceso fue la evaluación curricular. Así, la Comisión informó el día 11 de septiembre de 2011 que solo tres vocales habrían aprobado la evaluación curricular y por tanto estarían habilitados para la siguiente etapa. La segunda etapa fue la evaluación de conocimientos, y aquí la sorpresa fue inmensa cuando el día 14 de septiembre de 2011 la Comisión informó que ninguno de los evaluados había obtenido el puntaje mínimo requerido.

La conclusión a la que ha llegado la Comisión es que ninguno de los vocales que fueron evaluados, sea en el plano curricular o conocimiento, se encuentra en capacidad para resolver las controversias concretas durante el proceso de selección o determinar la imposición de sanciones administrativas a los particulares.

La interrogante que hago es la siguiente: ¿Cómo es posible que ninguno cumpla con las condiciones de experiencia y conocimiento necesario? ¿Qué se ha estado resolviendo en todo este tiempo? ¿Qué clase de resoluciones hemos tenido? Yo he comentado algunas resoluciones que no me han parecido apropiadas y en esos casos, sí me he cuestionado por qué se ha interpretado la normativa de tal o cual manera. También he criticado algunas disposiciones de la Ley – y su Reglamento – porque las considero ineficientes. No obstante, parece increíble la conclusión porque al menos alguno de los vocales debe contar con algún mérito.

Por otro lado, si la Comisión ha considerado que ninguno cumple con los requisitos mínimos, entonces cómo es posible que se mantengan y sigan resolviendo las controversias o los procedimientos administrativos sancionadores. Es evidente que legalmente serán resoluciones válidas, pero ¿tendrán legitimidad después de lo que ha señalado la Comisión? Es decir, ¿cómo aceptar la decisión de un funcionario del Estado cuando el propio Estado le ha “bajado el dedo”?

Finalmente, la Comisión puede haber dado una conclusión pero lo que ha generado es una situación de vacío y desconfianza pues hasta que los vocales no renuncien, cesen o, en todo caso, los destituyan, siguen siendo quienes deben resolver los casos concretos. Esperemos que el Gobierno que ha ingresado sepa cuidadosamente a quién designará y cumpla de forma exhaustiva con respetar las exigencias que ellos mismos han impuesto, caso contrario quedará en evidencia que lo único que se quiso hacer es quitar del camino las piedras de otros para colocar las suyas.